Alternativas contra la corrupción

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA CORRUPCIÓN

Las prácticas de corrupción no aparecen solamente en sectores públicos o institucionales: “Ha penetrado los principios éticos de las personas, las familias, las comunidades, instaurando una forma de ser y comportarse frente a otras personas y a lo público. Algunas personas reconocen que a veces se es corrupto sin saber, creyendo que se está actuando bien”. Así lo reconoce la veeduría en un informe publicado por el diario EL PAÍS.

Un factor común en las mesas locales es que los ciudadanos ven la corrupción como un problema que está en manos del Estado, “cuya respuesta ante este fenómeno al aplicar la justicia y legislar se da a favor de los corruptos y de los intereses particulares, por encima del bien común. Existe poca consciencia sobre cómo la ciudadanía es parte del problema. La corrupción se percibe con fuerza en el mundo de la institucionalidad pública, pero no en el mundo de los ‘ciudadanos de a pie’”.

Existe, además, inconformidad desde la ciudadanía con los órganos de control: “La Personería, la Contraloría, la Veeduría, nunca están, los controles no funcionan porque quienes tienen el mando no funcionan”, dice una de las personas que asistió a las mesas locales. Agrega otro participante que “a veces nos quedamos sin dientes para saber en qué va la sanción. Nuestros entes de control están coaptados políticamente, en ellos hay unos intereses políticos que no dan garantía de lo público”.

Hubo en ejercicio en las mesas locales en donde los ciudadanos entendieron que la corrupción es algo más cotidiano de lo que parece. El problema se manifiesta, según la Veeduría, en los siguientes casos: faltas en la convivencia (como el comportamiento de “el vivo vive del bobo” o el irrespeto permanente al otro); indiferencia frente a lo público (“se indigna ante la corrupción, pero cuando tiene la posibilidad de participar de algún beneficio de forma irregular, lo hace”); tráfico de influencias para el beneficio particular; evasión de impuestos, contrabando, especulación con los precios; detrimento del erario público (estafa, falsedad documental, fraude, soborno) y falta de transparencia electoral (manipulación de electores mediante compra de votos a cambio de beneficios con bienes o servicios”.

Las propuestas de la ciudadanía para cambiar el panorama actual van desde un cambio personal y familiar (“cambios orientados a recuperar valores y principios éticos”) hasta promover reformas normativas para establecer sanciones más severas contra los corruptos (como no aplicar casa por cárcel ni permitir reducción de penas por buen comportamiento). Un factor central, señala el estudio, es que los ciudadanos consideran necesario elecciones populares para elegir a los alcaldes locales. Es necesario, además, “ejercer control social, a través de veedurías proyectos o convenios. Acceder a la información pública, exigir control político e involucrar a la ciudadanía en las decisiones administrativas”.

 

Varios autores se han dedicado a estudiar este fenómeno en el comportamiento del humano en la sociedad y han propuesto numerosas estrategias para acabar con la corrupción, algunas de ellas son: 

  Asumiendo y fomentando la sensibilidad hacia la defraudación y la corrupción, tomado conciencia de los daños que ocasionan y de la importancia de eliminar estas prácticas, fomentando esta sensibilidad se promueve una educación para el desarrollo de líderes en la sociedad. Los partidos políticos suelen utilizar la corrupción como arma arrojadiza contra sus adversarios, pero la reacción pública contra la corrupción es todavía demasiado débil Fomentar la sensibilidad social pasa por afinar el sentido de responsabilidad por el dinero público, tanto en su recaudación como en su distribución. Responsabilidad que se extiende al deber moral de pagar impuestos y a la preocupación por el buen uso de los caudales recaudados.

  Promoviendo transparencia en las instituciones, sobre todo en los partidos políticos y las instituciones públicas. Cuando las cuentas son claras y comprensibles y se dan a conocer, el riesgo que hacer trapas o actuar con favoritismo disminuye, si más no, por el riesgo de que se descubra.

  Implementando medidas disuasorias de comportamientos corruptos. Junto a la transparencia, pueden contribuir a disuadir actuaciones corruptas leyes exigentes, códigos de conducta bien elaborados y que se hagan cumplir, y adecuados medios de vigilancia y control, incluyendo grabaciones conocidas por todos y aumentar la vigilancia y preocupación ciudadana sobre hecho que ocurren en la actualidad y diariamente. 

  Consiguinendo una mayor eficiencia en la administración de justicia y en la actuación de otros poderes públicos. No basta con tener leyes, sino que deben hacerse cumplir. La lucha contra la corrupción exige inspecciones bien programadas y una actuación decidida de inspecciones o de la fiscalía y aun creando potenciado fiscalías específicas, como ya se ha hecho en diversos lugares. La justicia, además de responder a su nombre, que es lo primero,  tiene que ser rápida y eficiente. 

  Eliminando estructuras o políticas que incentiven la corrupción. Es lo que ocurre con una mala regulación de la financiación de los partidos políticos, la cual puede incentivar alternativas irregulares de financiación. También con subvenciones poco claras o faltas de un control efectivo, que favorecen los sobornos.

  Aumentando el control social sobre las instituciones. Pueden hacerlo instituciones de con observatorios específicos, los medios de comunicación, o bien organismos específicos. Este control exige evitar conflicto de intereses, y en concreto que el controlador tenga intereses sobre quien lo controla.

  Educando en la honradez. Según una encuesta, el 42% de los jóvenes de 16 a 24 años justifica la evasión de impuestos y el fraude, si bien están en desacuerdo con los recortes sociales. La pregunta es, ¿se educa suficientemente en la honradez? ¿Qué medidas tomas las escuelas ante las copias en los exámenes y los plagios en los trabajos? ¿Cómo se presenta y ejemplifica el valor de la honradez?

  Transparencia y democracia electoral. Es necesario que los procesos electorales sean más transparentes y participativos y así aumentado la participación ciudadana y responsable.

  Marco jurídico e institucional para prevenir la corrupción. Hay otros cambios necesarios en el marco legal e institucional para prevenir y/o combatir de forma efectiva la corrupción. 

  Gran pacto nacional contra la corrupción. Ortega, uno de los autores dice que un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable y colectivamente. La lucha contra la corrupción dada su entidad y generalización, merece un gran pacto, un compromiso de tolerancia cero con la corrupción. Sería básico para que las medidas apuntadas arriba tuvieran el alcance y efectividad deseadas. Pero también para generar un clima que impida que los partidos se “enroquen” a la defensiva y por el contrario pasen a ser proactivos con la intolerancia hacia la corrupción. 

AFECTADOS POR LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, explica los resultados de la encuesta de percepción de Impacto de la Corrupción en la Actividad Empresarial. 

En relación con la encuesta, los resultados muestran que los sectores que han sido más afectados por la corrupción a nivel nacional son: Salud (74,7%), Aduanas (70,1%), Impuestos (58,6%), Transporte (51,7%), Minería (39,1%), Ambiental (37,9%) y Educación (28,7%).

 A nivel territorial, el sector más afectado es el Ambiental con (43,7%), seguido por Salud (37,9%), Transporte (29,9%), Minería e Impuestos (cada uno con 27,6%), Aduanas (26,4%), y Educación (25,3%).  

De acuerdo con la experiencia de los empresarios, los departamentos en donde más se presenta corrupción son: La Guajira (50%), Chocó (45%), Atlántico (42,5%), Bolívar y Bogotá (37,5%), Cundinamarca (23,8%), Magdalena (17,5%), Córdoba (16,3%) y Valle del Cauca (15%).

Por otro lado, para los empresarios, los trámites que presentan mayor incidencia de insinuaciones, favorecimientos o entrega de dinero son: aduanas, Alcaldías municipales y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)

Condiciones de la Corrupción

La corrupción es condicionada por muchos aspectos económicos, sociales, políticos, entre otros, que ayudan a propiciar o disminuir los índices de corrupción. Se puede decir que en el país no ha habido éxito en cuanto a la lucha por erradicar la corrupción especialmente en las entidades oficiales, muy a pesar de los cambios que se dieron con la Constitución de 1991, donde se hizo la descentralización del gobierno, pensando que sería una solución a esta situación porque los entes de control como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalías regionales, en conjunto con las comunidades estarían dispuestas a defender y fiscalizar los recursos que se destinaban para cada uno de los departamentos, pero no fue así, se tiene un país donde quienes desempeñan cargos públicos se dejan permear por estrategias fraudulentas existentes gracias a la falta de compromiso de sus habitantes para fiscalizar la gestión de los funcionarios públicos. Se concluye que es indispensable endurecer las leyes que la castigan y crear programas educativos donde la ética y la moral sean incluidas de manera transversal durante el proceso de aprendizaje, para que de forma natural cada uno actúe dentro del cumplimiento de los valores humanos, con responsabilidad hacia su propia nación: Colombia (Zuleta, 2015).

La ética pública está relacionada o vinculada a las tareas prácticas de los funcionarios públicos, por ello su presencia o ausencia determina el funcionamiento de la estructura institucional establecida. Hay razones concretas para la necesidad de la ética pública en la estructura institucional definidas así por Conciencia Colombia (2004, pág. 87) (Zuleta, 2015):

• Credibilidad y confianza

• Insuficiencia de las medidas jurídicas

• Insuficiencia e ineficacia de las soluciones jurídicas

• Necesidad de adquirir hábitos y reglas para el largo plazo orientados por valores.

• Crecimiento de las competencias

• Integración e incorporación de los ciudadanos

• Responsabilidad social

BIBLIOGRAFIA

Zuleta, A. P. (2015, Enero del). LA CORRUPCION, SU HISTORIA Y SUS CONSECUENCIAS EN COLOMBIA.pdf, 27.

Causas de la Corrupción en Colombia

Jorge Robledo congrecista de Colombia hace una ponencia en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. En primer lugar expone la profunda corrupción Nacional, luego hace referencia a un caso muy relevante como lo es el de odebrech, identificando una "descomposición nacional", por ultimo habla sobre una hipotesis de las causas de la corrupción.

"Grado de corrupción: Indice de competitividad Global del foro economico mundial muestran cifras de que Colombia esta en la posición 126 de 140, siendo el 140 el peor pais en corrupción" dice Jorge Robledo.

Factores de la Corrupción en Colombia

¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN?  

La corrupción es un problema multifacético y complejo con distintas causas y efectos. La corrupción va desde el caso aislado que involucra a un solo burócrata, hasta convertirse en un fenómeno general que origina una serie de distorsiones en la economía. La definición que utilizaremos será la del Banco Mundial: La corrupción es el abuso de poder público en beneficio propio. Esta definición nos indica que quién comete un acto corrupto está en una posición de poder y que está recibiendo algún tipo de beneficio (ya sea monetario o (no) que no sea procedente o que simplemente es ilegal. Lo que necesitamos añadir a esta definición es que la corrupción no sólo ocurre en el sector público sino también en el privado. Ahora bien, vamos a señalar algunos de los tipos más importantes de corrupción (Busquets Sordo, 2015). 

¿QUÉ FACTORES CONTRIBUYEN A LA CORRUPCIÓN?

La corrupción es diversa y por lo mismo hay varios factores que contribuyen a que surja ésta. Las causas institucionales de la corrupción no son siempre las mismas, pues con el paso del tiempo y con un nuevo liderazgo, algunas de las medidas anticorrupción pueden distorsionarse y convertirse en un punto de origen para otras formas de corrupción (Busquets Sordo, 2015).

Es obvio que, si a nivel institucional y en la justicia se tiene una posición firme y atenta respecto de los distintos tipos de corrupción, ella tendrá tendencia a disminuir, y a la inversa si se da el caso contrario (Corte Suprema de Justicia, 2017). De todas formas, la represión y la sanción en relación a los actos de corrupción deben existir y fortalecerse cada vez más, pero también tienen sus límites. El narcotráfico, por ejemplo, así como ciertos sectores corruptos enquistados en la política, llegan a tener tanto poder y a ejercer tanta presión, que difícilmente logran ser combatidos  y el enriquecimiento proveniente del narcotráfico (Narcotráfico, política y corrupción, 1997).

1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA.

Las causas de la corrupción administrativa son numerosas, complejas y de difícil análisis. En el caso colombiano existen, además, factores que la hacen aún más compleja, debido a que coexiste con otros fenómenos indeseables y degradantes del desarrollo y la calidad de vida como la ineficacia de la justicia, el narcotráfico y el conflicto armado. No obstante, en este trabajo se mencionan, solo con ánimo ilustrativo, los que a juicio del autor pueden ser los factores principales que favorecen la aparición y persistencia de este fenómeno en Colombia. Para una mayor comprensión de éstos, pueden clasificarse en dos grandes categorías de factores: los políticos y los administrativos (Ramos, 2011).

1.1. FACTORES POLÍTICOS

Dentro de los factores políticos podemos señalar los siguientes: 

• Debilidad de la democracia y cultura política.

La democracia colombiana es excluyente, pues ofrece pocas opciones reales a la gran mayoría de ciudadanos para aspirar, ya sea a cargos de elección popular, o para elegir a conciencia a quienes rigen los destinos de la nación o de las entidades territoriales. Por demás, las campañas políticas se transforman en una feria de dádivas a los electores, por exigencia y tradición, lo cual transforma a los partidos en microempresas electorales que se asocian en empresas electorales para la búsqueda de la presidencia, una gobernación o una alcaldía importante. Por lo que se observa, no existen restricciones o garantías legales que no sean desbordadas por muchos de los actores políticos, situación que ha contaminado a movimientos de cualquier tendencia, llevando a las crisis de los partidos y que afectan su credibilidad. De esta manera, corrupción política y corrupción administrativa giran en el mismo sentido en círculos concéntricos: el poder lleva a la corrupción y ésta permite a la clase política perpetuarse en el poder (Ramos, 2011).

• Inadecuada financiación de los movimientos políticos. 

Una costumbre arraigada en Colombia es la financiación ilegal de las campañas políticas. Unas veces porque se violan los topes autorizados –sin que quede registrado en la respectiva contabilidad- y otras porque el origen de algunos aportes es absolutamente «oscuro» y «misterioso». Por lo anterior, es un secreto a voces que se han constituido en el país empresas «fantasmas» que financian las campañas de algunos candidatos con opción a las corporaciones públicas y a los entes territoriales, con las terribles consecuencias que toda la nación conoce, como es la captura del aparato administrativo del Estado, especialmente lo relativo a la contratación (Ramos, 2011).  

• Actitudes ciudadanas frente a la corrupción. 

Con relación a este flagelo es natural que no todas las personas tengan las mismas actitudes. En el caso colombiano la evidencia empírica enseña actitudes de algunos ciudadanos de indiferencia: «lo público no tiene dueño», «no es asunto mío», «laissez faire»; de tolerancia como: «en el interior de país roban, pero hacen»; de reacción tardía como los bomberos: «castiguen al culpable»; del beneficio marginal u oportunista: «supo trabajar», «aprovechó su cuarto de hora;» y afortunadamente se asoma una actitud luchadora en algunos ciudadanos, que no toleran la corrupción y que valientemente se atreven a denunciarla, aunque desafortunadamente todavía no cuentan con los recursos suficientes o con la organización adecuada para un efectivo control lo cual es una la debilidad manifiesta del control social en el país (Ramos, 2011).

• Dificultades para acceder al servicio público

En Colombia existen escasas posibilidades para los ciudadanos comunes y corrientes de acceder a los cargos públicos relevantes, cuando no se tiene un «padrino político» que apalanque el nombramiento correspondiente, de manera que muchos ciudadanos se ven en la necesidad de asumir ciertos compromisos con la dirigencia política para tener acceso a determinadas posiciones. En este sentido, pese a que la Directiva Presidencial Nº 10 del 20 de agosto de 2002 señala que el mérito es el principio rector en la selección de los servidores públicos que deben regir los destinos de Entidades del Estado, se tiene evidencia de que, en términos generales, la méritocracia todavía no se ha afianzado (Ramos, 2011). 

• Conducta de los líderes políticos.

Es evidente que el comportamiento de los líderes políticos en Colombia ha exhibido una «doble moral»  En este sentido se puede afirmar que existe cierto «fariseísmo» de los dirigentes públicos, cuyas actuaciones contrarían las cualidades o sentimientos que dicen tener. De manera que estas prácticas o malos ejemplos, generan, también, un aprendizaje o justificación social de las actuaciones irregulares en todos los órdenes y niveles (Ramos, 2011). 

1.2. FACTORES ADMINISTRATIVOS

Por otra parte, con respecto a los factores administrativos se destacan: 

• Un modelo de gestión de gobierno excluyente

En Colombia históricamente se ha impuesto un modelo de gestión de gobierno excluyente caracterizado por abusos de poder y autoridad, inequidad y sectarismo. En muchos casos, los estilos de liderazgo y la incompetencia gerencial de los gobernantes afloran, al mejor estilo de Luis XIV «L'État, c'est moi», («el Estado soy yo»), un absolutismo, autocrático en las decisiones y excluyente en los beneficios para favorecer intereses mezquinos, pintados a veces con el color del sectarismo político (Ramos, 2011).

• Ineficacia e ineficiencia de las instituciones.

Todas las organizaciones públicas tienen un propósito misional claramente definido, el cual responde estratégicamente a la atención de ciertas necesidades sociales. Para el cumplimiento de esta misión las entidades –como toda organización- disponen de determinada gama de recursos, la cual debe utilizarse de manera eficiente, oportuna y económica. No obstante, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones que presenta la Contraloría General de la República, existen grandes fallas en la gestión de las entidades públicas colombianas, muchas de las cuales «se rajan» en los criterios de eficacia, eficiencia, economía, equidad, ecología y efectividad, situación que, por decir lo menos, crea condiciones favorables a las prácticas irregulares de los servidores públicos (Ramos, 2011).  

Incapacidad de las instituciones para atender las demandas de la población.

Se trata en este caso de la existencia de una demanda superior a la oferta de servicios y bienes públicos, lo que es evidente, por ejemplo, en los casos de salud, educación pública –incluida la educación superior- y la vivienda, entre otros. Esta superioridad de la demanda sobre la oferta de bienes públicos genera presiones sobre las instituciones y sus políticas que, por efecto reflexivo, tocan las voluntades de quienes toman las decisiones pertinentes, en muchos casos, en contra del interés general. Esto fomenta el surgimiento de élites que gozan de inmensos privilegios políticos, económicos y sociales, con niveles de bienestar muy superiores a los de la mayoría del pueblo, situación que se complica con la formulación de estrategias inadecuadas para corregir ese desequilibrio, como por ejemplo,  tratar de desestimular la demanda y no de estimular la oferta. En consecuencia, surge el tráfico de influencias y el soborno con el fin de facilitar el acceso al servicio buscado (Ramos, 2011).

• Baja remuneración de los servidores públicos.

Si bien es cierto que no se puede afirmar que los salarios bajos son causa directa de actuaciones irregulares de los servidores públicos, no es menos cierto que los exiguos sistemas de compensación de éstos constituyen un factor condicionante de las mismas, entendiéndose que quien solamente gana lo mínimo para vivir, puede en algún momento verse «tentado» de buscar algún «beneficio» irregular, desde la posición que tenga. Lo anterior no quiere decir, de ninguna manera, que la baja remuneración sea una condición per se para el latrocinio del patrimonio público, pues, se ha visto que los más grandes saqueadores del erario son funcionarios de muy alto rango (Ramos, 2011).  

• Burocracia que responde a la racionalidad de la politiquería.

Desde la perspectiva weberiana, la burocracia constituye un tipo de organización eficaz y eficiente, concebida bajo el supuesto de racionalidad técnica y política, con una estructura dispuesta para el logro de los objetivos con el menor esfuerzo técnico y económico. Además, de las arcaicas y artesanales prácticas de gestión de la burocracia pública colombiana, se observa que la única racionalidad válida en este contexto es la de la politiquería, que por medio del clientelismo responde a las necesidades de consolidación y expansión de las denominadas «maquinarias políticas» (Ramos, 2011).   

• Debilidad de los órganos de control y de la justicia.

En la administración pública colombiana coexisten, por lo menos, siete tipos de control, a saber: el control político (ejercido por el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales), el control interno (que es el autocontrol en las mismas entidades), el control judicial (practicado por las altas cortes, los jueces y sus organismos auxiliares como la Fiscalía y el CTI), el control técnico-administrativo (realizado por los ministerios y superintendencias), el control fiscal (que es responsabilidad de las contralorías) y el control social (ejercido por la sociedad en general, en especial por las veedurías ciudadanas). No obstante, la República carece de un sistema nacional de control que disponga de políticas y estrategias unificadas, que generen sinergia en la lucha contra los delitos de la administración pública y, sobretodo, que afiancen una ética de lo público y una cultura de control en la sociedad (Ramos, 2011).

Actualmente cada organismo actúa de manera independiente en atención a la autonomía que le otorgan la Constitución y la ley, con lo que se debilitan las acciones institucionales y se dificulta la lucha anticorrupción.  Por demás, la baja probabilidad de descubrir a los agentes corruptos, así como la escasa posibilidad de castigo y resarcimiento del daño cuando son descubiertos, crean condiciones favorables para la aparición de la corrupción y una vía expedita para su desarrollo. Tal es el caso colombiano donde el riesgo de ser sancionado por prácticas irregulares es menor que los beneficios que se pueden lograr a través de la corrupción (Ramos, 2011).

• Inadecuada formación de los gerentes públicos.

Por último, para nadie es un secreto que existen grandes fallas en la idoneidad de muchos de los gerentes públicos colombianos. De acuerdo con la costumbre, se vinculan excelentes profesionales, idóneos desde el conocimiento disciplinar (médicos, ingenieros, abogados, etc.), pero no formados para ser gerentes. Por ello, es indispensable que estos directivos demuestren en el nivel de la excelencia que poseen competencias claves como liderazgo, habilidades de planeación y toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal, así como, conocimiento del entorno, además de la voluntad política, indispensable para el éxito de la gestión pública (Ramos, 2011).

2. CAUSAS DE CORRUPCIÓN

De acuerdo con el sistema de análisis desarrollado por Robert Klitgaard, puede esperarse que la corrupción aumente con el grado de ineficiencia en el cual se desarrolla la actividad de las instituciones, con la discrecionalidad de los funcionarios, con el grado de monopolio sobre los servicios que prestan, con los ingresos que pueden obtenerse en las actividades corruptas, con una baja probabilidad de ser descubierto, con unos bajos castigos para las actividades corruptas y con una baja sanción social sobre los individuos corruptos (Semana, 1994)

• INEFICIENCIA

Esta es, probablemente, la causa más importante de la corrupción. La ineficiencia reduce la calidad del servicio que las entidades prestan al público y, por consiguiente, crea estímulos tanto para que cliente ofrezca dinero a cambio de la obtención del servicio como para que el funcionario se involucre en este tipo de transacciones. La ineficiencia está asociada a la carencia o el pobre funcionamiento de los sistemas de planeación y control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas, establecer las responsabilidades y aplicar los castigos (Semana, 1994).

Un estudio completo de la ineficiencia en el sector público colombiano va más allá de los propósitos de este informe, pero algunas de sus causas y manifestaciones identificadas en el pasado merecen ser mencionadas:

El gobierno se ha sobre extendido en sus funciones. En el pasado, el Estado asumió responsabilidades sobre la provisión de un número demasiado grande de bienes y servicios que no podía cumplir en la forma apropiada. Como resultado necesario, esas funciones se han cumplido con bajos niveles de eficiencia y eficacia.
tanto los funcionarios de primer nivel en las entidades como las políticas de las instituciones son muy inestables. El frecuente relevo de directores lleva a que los cargos de mayor responsabilidad sean ocupados por personas de su confianza, lo que trunca las posibilidades de ascenso de los empleados que han permanecido mayor tiempo en las entidades. A su vez, esto lleva a la idea extendida entre los empleados medios y bajos de que la calidad de la gestión no es importante, pues los resultados no tienen posibilidades de salir a la luz ya que serán borrados por una administración diferente, que necesariamente llegará pronto con nuevos planes y prioridades (Semana, 1994).

Las entidades públicas ofrecen escasos incentivos para el desarrollo profesional de los funcionarios en general. La primacía de los criterios políticos en la selección del personal y en la asignación de los ascensos refuerza la tendencia. Con algunas excepciones, el prestigio asociado al desempeño de un cargo público se ha reducido dramáticamente en Colombia en las últimas dos décadas. Los profesionales recién graduados, en particular los más brillantes, muestran un interés decreciente por trabajar con el Estado (Semana, 1994).

• MALA CALIDAD DEL CONTROL

De acuerdo con lo visto anteriormente, la corrupción aumenta cuanto menores sean tanto la probabilidad de que el agente corrupto sea descubierto, como la fuerza del castigo cuando se aplica. En ambos casos la evaluación de la situación colombiana es poco favorable.
Los mecanismos de control de los resultados dc la gestión pública én Colombia son de baja calidad, tanto en lo que se refiere al control puramente administrativo e interno de las instituciones, como al castigo penal a cargo de agentes externos (por ejemplo, el sistema judicial) (Semana, 1994).

• DISCRECIONALIDAD

Los temas de la operación de los mecanismos de control en Colombia y la discrecionalidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones están estrechamente ligados. Como se mencionó, los sistemas de control se basaron en el pasado en el principio del control previo (la expedición de la Constitución de 1991 podría ser señalada como el momento del cambio hacia un nuevo esquema de control posterior). En los hechos, el control previo terminó por convertirse en una talanquera para la eficacia de la administración y en una fuente de corrupción (Semana, 1994).

• MONOPOLIOS DEL ESTADO

El Estado opera como proveedor monopólico de muchos de los servicios que presta en la sociedad colombiana. Estos monopolios permiten que existan entidades que funcionan durante largos períodos con bajos grados de eficiencia v elevados índices de corrupción, sin que el público pueda rechazarlas absteniéndose de comprar sus servicios. Se debe destacar que la existencia de monopolio, público o privado, se presta para la ocurrencia de corrupción. A la inversa, la introducción de competencia en la prestación de servicios, a través de unidades públicas o privadas, diluye las posibilidades de corrupción (Semana, 1994).

BIBLIOGRAFIA

Busquets Sordo, R. (2015). Factores que propiciaron la corrupción en México. Un análisis del soborno a nivel estatal. (p. 62). Retrieved from http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/Estudiosacadmicosyestadsticos/documentos/Factores%20que%20propiciaron%20la%20corrupcion%20en%20Mexico,%20Analisis%20del%20soborno%20a%20nivel%20Estatal..pdf

Corte Suprema de Justicia. (2017, de Abril). Presentan estrategias para fortalecer lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Retrieved April 22, 2017, from http://www.pj.gov.py/notas/6330-presentan-estrategias-para-fortalecer-lucha-contra-la-corrupcion-y-el-narcotrafico

Narcotráfico, política y corrupción. (1997). Corporación Milenio.

Ramos, O. P. (2011, jueves,   de agosto de). OSCAR PARDO RAMOS: FACTORES CONDICIONANTES DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA. PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA SOSTENIBLE. Retrieved from http://oskarpardoramos.blogspot.com.co/2011/08/factores-condicionantes-de-la.html

Semana. (1994, del 19 de). Un reciente estudio, coordinado por Fernando Cepeda Ulloa analiza el fondo de la corrupción y la percepción de los colombianos sobre el fenómeno. Estos son algunos apartes. Retrieved April 22, 2017, from http://www.semana.com/nacion/articulo/las-causas-de-la-corrupcion/23515-3

¿Qué factores promueven la corrupción?

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