Y usted que opina?

Cero Corrupción, 100% desarrollo

Ante la corrupción debemos actuar, si esperamos que avance no sera tan fácil como en el vídeo recuperar la calidad de vida.

Y en colombia?

Llenemos el álbum de la Selección Colombia de la Corrupción

¿De quién es la culpa?

La corrupción en Colombia es un tema que nos aqueja a todos, sin distinción alguna. Hoy hice un repaso por mis pensamientos y análisis de quién ayuda a causar la corrupción en el país y por qué. Además presento una historia de vida trabajando en campañas políticas.

CASO DE CORRUPCIÓN

Con Odebrecht, Colombia vuelve a hablar de la corrupción

Revelación de que el contratista pagó $ 11 millones en sobornos surgió en cuanto las Farc dejó de ser tema hegemónico en el país

Desde que los Estados Unidos revelara, a finales del año pasado, que Odebrecht pagó $439 millones de dólares en sobornos fuera de Brasil, algunos de los 11 países involucrados no han descubierto aún el nombre de un culpable siquiera. No es el caso de Colombia: el país ya tiene una radiografía de la mayor parte del esquema local del contratista, que distribuyó $11 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014, y nuevos detalles son los titulares del día en la prensa del país.

La atención que se presta a la denuncia de Odebrecht es parte de un movimiento que, gracias al reciente acuerdo de paz del Gobierno con las Farc, pone a la corrupción como un tema central en el país por primera vez en mucho tiempo.

De acuerdo con el politólogo Jairo Libreros, negociar con la guerrilla o ganar militarmente era el único dilema que decidía las elecciones desde la década de 1990, pero la campaña de 2018 deberá tener un cambio de enfoque.

“El ‘reflector’ de las Farc no nos dejaba ver el problema de la corrupción en toda su extensión. Obras que no se cumplen, los cambios en los contratos que aumentan los precios y una serie de pequeños escándalos volvieron a interesar al público en los últimos meses. Estábamos en el medio de esta discusión cuando llegó la denuncia a Odebrecht “, dice Libreros, que es profesor de la Universidad Externado de Bogotá.

Ganador del Premio Nobel de la Paz con sólo el acuerdo con las Farc (que fue rechazado por la mayoría de los votantes en un referéndum), el actual presidente Juan Manuel Santos también aparece en el caso Odebrecht, aunque en circunstancias extrañas.

En enero, la Fiscalía colombiana anunció que el exsenador Otto Bula confesó, ya preso, haber recibido $4.6 millones de dólares de Odebrecht y luego haber pasado $1 millón para la campaña de Santos en 2014. Días después, sin embargo, el mismo Bula negó la información en una carta escrita a mano a la CNE (Consejo Nacional Electoral), diciendo que no realizó pagos a la campaña de Santos.

El presidente también lo negó. “Le pido a la CNE una investigación a fondo tan pronto como sea posible, de manera que salga a la luz toda la verdad en el caso de Odebrecht”, escribió Santos en Twitter.

Pero en la última semana la Fiscalía confirmó que Odebrecht sí tuvo relación en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, así como en la campaña de su contendor, Óscar Iván Zuluaga. Ambos casos continúan siendo investigados hasta que las autoridades tengan certeza de cómo estuvieron involucrados estos políticos y sus asesores de campaña con Odebrecht.

Por lo pronto, Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos, desmintió la información entregada por la Fiscalía y Zuluaga anunció que aplazará su postulación como precandidato presidencial para las elecciones del 2018.

Carretera de sobornos

Todos los $11 millones de dólares que Odebrecht dice que han pagado sobornos en Colombia derivan de una sola obra: un tramo de 528 kilometros de la ‘Ruta del Sol’, una carretera que unirá, una vez terminada, a Bogotá con las playas de la costa norte del país.

El consorcio Ruta del Sol, que Odebrecht conformó con dos empresas locales y del que es socio mayoritario, habría pagado $6.5 millones al exviceministro de Transporte Gabriel García para ganar el contrato en 2009, y más de $4,6 millones al exsenador Otto Bula para tomar la llamada “vía Ocaña-Gamarra”, unos 82 kilometros carretera anexa a la principal.

Al menos por ahora, la Justicia y el Gobierno han jugado duro con Odebrecht, que perderá sus tres contratos (además de las carreteras, el contratista hace parte de la revitalización del río Magdalena, que atraviesa el centro del país) y debe ser expulsada.

“Odebrecht va a salir del país. Una empresa que cayó en tales problemas de corrupción tiene que salir de Colombia “, dijo la semana pasada el actual Ministro de Transporte del país, Jorge Eduardo Rojas, al diario El Tiempo. El ministro dijo que el gobierno tomará las obras, incluida la concesión de ellas (cinco peajes ya funcionan en un tramo de la Ruta del Sol) y hará una nueva licitación tan pronto como sea posible, para no detener la construcción. Dos mil trabajadores de Odebrecht en Colombia, dijo, llevan dos meses sin salarios, y la ejecución de la obra es de 52%.

Uno de los tres detenidos en ‘Lava Jato Colombia’ (además de García y Bula), el empresario Andrés Cardona, fue investigado en 2012 por su relación con la “Carrusel de Contratación”, un esquema de fraude en licitaciones. Pero Odebrecht, que opera en el país desde 1992 y cuenta con 12 obras terminadas, nunca había sido objeto de quejas.

Sin embargo, durante la administración de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría se archivaron algunos casos que pudieron haber sacado a la luz pública estos casos de corrupción.

Por el momento, Odebrecht ha dejado en Colombia a tres capturados y una decenas de personas investigadas formalmente y otro tanto llamadas a interrogatorio, como es el caso de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por su eventual interés en la celebración de un otrosí en la construcción del Tramo II de la Ruta del Sol. Al parecer, la familia de Parody tenía intereses en el Tramo II de la Ruta del Sol y Álvarez, para ese momento ministra de Transporte, habría intentado favorecerlos.

Otros que están bajo el radar de las autoridades son el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, y otros 11 congresistas entre los que figuran Iván Duque, Roberto Gerlein y Bernardo Miguel Elías Vidal.

Otro lado

Odebrecht dice que colabora con la Justicia

A través de un comunicado, Odebrecht dijo que está trabajando con la justicia colombiana. “La compañía ha tomado las medidas necesarias y adecuadas para mejorar continuamente su compromiso con las prácticas comerciales éticas y promover la transparencia en todas sus actuaciones.” Metro Curitiba.

Campaña presidencial

Publicista Duda Mendonça es investigado

Además del presidente Juan Manuel Santos, el ex senador Óscar Iván Zuluaga, que perdió ante Santos las elecciones de 2014 en estrecha decisión (50.99% a 44.99% del total de los votos), también es investigado.

La sospecha es que Odebrecht habría pagado parte de los $ 4.3 millones de dólares que Zuluaga debía al experto en marketing Duda Mendonça, coordinador de aquella campaña.

La información estaría contenida, según la revista Veja de Brasil, en una propuesta de delación que el propio Duda Mendonça negocia en Brasil. El periódico Metro trató de ponerse en contacto con el bufete de abogados que representa al publicista, pero no tuvo respuesta a las llamadas.

Cuando el caso salió a la luz a principios de este mes, Zuluaga negó públicamente las acusaciones. “No puedo responder por los actos de los demás, respondo por lo que pagué y me contrataron”, dijo.

Sospechosos principales

Otto Bula, ex senador, habría recibido $ 4.6 millones por la vía Ocaña-Gamarra. La Fiscalía dice que él confesó transferencia de $ 1 millón de dólares para la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, pero el propio Bula lo negó. El ya ex ministro Gabriel García habría recibido $ 6.5 millones por la la ‘Ruta del Sol’.

El Top 10 de los casos de corrupción en Colombia durante la historia

Sectores de infraestructura, transporte, energía y social entran en etapa final para veredicto fiscal.

Antes de finalizar el año, la Contraloría General de la Repúblicaempezará a emitir fallos sobre los casos que han tenido amplia connotación fiscal, disciplinaria y penal en los últimos años.

Con base en documentos oficiales, El Espectador revisó los 10 procesos fiscales más importantes, en donde las autoridades estiman que hay la mayor cantidad de recursos públicos en entredicho. (Vea cada caso en imágenes)

Dicha revisión de los procesos da cuenta de la entidad afectada, el monto de los dineros en investigación, la génesis del caso, la afectación social y los principales vinculados.

Por ahora, los investigadores dan los últimos toques en la etapa final de la decena de procesos que comenzarán a definirse en los próximos días con el fallo de responsabilidad fiscal en el caso de la EPS SaludCoop.

En este último caso, uno de los vinculados interpuso una acción de tutela esta semana ante el tribunal administrativo de Cundinamarca por violación al debido proceso. Ese despacho notificó este jueves a la Contraloría y el asunto está a punto de resolverse. Si falla en favor de accionante, el proceso fiscal de SaludCoop EPS iniciaría de nuevo.

Los vinculados en los procesos han reiterado ante el organismo fiscal que no tienen responsabilidad alguna en las conductas que se investigan y están a la espera de la culminación de sus casos.

El Espectador presenta la radiografía de cada caso:

Caso 10: Agro Ingreso Seguro

Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Monto estimado: $12.700 millones.

Génesis del caso

• Se investiga una supuesta gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la posible pérdida de recursos del Programa Agro Ingreso Seguro en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología.

• Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser inoportuna e ineficaz por la supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa “Agro Ingreso Seguro (AIS)”. (Créditos al sector agropecuario)- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro. (Se contrataron y pagaron entre otros el diseño, programación, implementación, mantenimiento y actualización del programa AIS; pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el programa AIS; servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación; camisetas de AIS; pocillos de AIS, entre otros)

Afectación social

Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario.

Principales vinculados

-Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

-Andrés Darío Fernández Acosta, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. 

-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

-Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Caso 9: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Entidad afectada: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Monto estimado: $64.700 millones.

Génesis del caso

La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones, el reparto de dividendos sobre utilidades brutas sin haber enjugado las pérdidas, además de la realización de inversiones del capital social en el Fondo Proyectar Valores.

Afectación social

El monto correspondiente al 51% de la Empresa de Energía de Pereira es de recursos públicos del municipio de Pereira. El hecho de haber repartido dividendos sin liquidación de deudas e invertido en un fondo de valores tiene en riesgo el patrimonio público.

Principales vinculados

-Israel Londoño Londoño.

-Enertolima Inversiones S. A.

-Adriana M. Wolff Cuartas.

-Carlos A. Peña Bernal.

-Jaime A. Herrera Agudelo.

-Carlos A. Duque.

-Édgar M. Galvis Lugo.

-José M. Giraldo Barreto.

-Gabriel A. Viveros Naranjo.

-Juan M. Arango Vélez.

-Álvaro D. García Muñoz.

-Álvaro Beltrán Alzate.

-Guillermo L. Henao Flórez.

-Gabriela Jaramillo Restrepo.

-Andrés H. Tamayo Guarín.

-Diana M. Pulgarín Santa.

-Jorge I. Zapata Escorcia.

-Luis A. Ríos Velilla.

-John J. Toro Ríos.

-Manuel Nule Velilla.

-Gabriel Gómez Gutiérrez.

-Luis González López.

-César Arango Isaza.

-Empresa Capitalizadora del Tolima.

-Kapital Energy.

Caso 8: Coomeva EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud.

Monto estimado: $146.900 millones.

Génesis del caso

Supuesta distorsión de las cuentas de costo por depreciación en propiedad, planta y equipo, así como en otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como costos.

Afectación social

El efecto del uso supuestamente indebido de recursos de la salud, que se generó por manejos financieros y contables posiblemente ilegales, evidencia la supuesta falta de transparencia y la debilidad en los controles de las entidades prestadoras de salud, afectando a los aportantes del sistema, debilitando financieramente el sistema de salud, contribuyendo así al deterioro de la calidad de prestación del servicio y a su sostenibilidad financiera.

Principales vinculados

-Coomeva EPS

-Fernando Panesso Serna, gerente general de Coomeva EPS.

-Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, gerente general de Coomeva EPS.

-Nilson Humberto León Ramírez.

-Sandra Moya Mendoza.

-Price Waterhouse Coopers Ltda. 

-Judith Chica Mosquera, revisora fiscal principal de Coomeva EPS.

Caso 7: Transmilenio calle 26

Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Monto estimado: $156.000 millones.

Génesis del caso

Presuntas irregularidades en la celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre, entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A., Bitácora Soluciones Ltda. y Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al grupo de cuatro obras licitadas por el IDU mediante licitación pública número Idu-Lpdg022-2007.

Afectación social

Los bogotanos son las víctimas. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público fueron vulnerados. En los actos de posible corrupción derivados de la contratación en la capital, especialmente provenientes de la construcción de la Troncal de Transmilenio sobre la calle 26. La afectada es la ciudadanía bogotana y la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y en el sistema jurídico.

Principales vinculados

-Luis Eduardo Garzón

-Samuel Moreno Rojas

-Liliana Pardo Gaona

-Néstor Eugenio Ramírez Cardona

-Inocencio Meléndez Julio

-María Clemencia Cantini Ardila

-Luis Eduardo Montenegro Quintero

-Carmen Elena Lopera Fiesco

-Luis Esteban Prada Bretton

-Aldemar Cortés Salinas

-María Natalia Laurens Acevedo

-Carmen del Rosario Silgado Rodríguez

-Nicolás José Giraldo Bedoya

-Giovanny Adolfo Arenas Beltrán

-Manuel Francisco Nule Velilla

-Miguel Eduardo Nule Velilla

-Guido Alberto Nule Mariño

Caso 6: Vía Bogotá-Girardot

Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Monto estimado: $170.800 millones

Génesis del caso

Presuntas irregularidades respecto a la ejecución del contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa- Granada-Girardot, suscrito entre dicha entidad pública y la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot.

Afectación social

Que la autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su ejecución perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los retrasos incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro los recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía impuestos.

Principales vinculados

-Luis Carlos Ordosgoitia

-Álvaro José Soto García

-Alfredo Pérez Santos 

-Julio César Arango Garcés

-Álvaro Escalante Rodríguez 

-Juan Manuel Martínez Paz

-Manuel Francisco Nule Velilla

-Miguel Eduardo Nule Velilla

-Guido Eduardo Nule Mariño 

-Miguel David Bonilla España

-Jaime Fernando Ortiz Díaz

-Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.

-MVN S.A. en liquidación judicial

-Vergel y Castellanos S.A.

-Álvarez y Collins S.A.

-Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS

-Enrique Dávila Lozano EDL SAS

-Consultoría Colombiana S.A.

-B & C S.A.

Caso 5: Recursos parafiscales de la salud

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $224.000 millones

Génesis del caso

Se derivaron de supuestas denuncias sobre posibles desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social.

Afectación social

El presunto desvío de recursos parafiscales, que es recaudado del aporte de los colombianos, afecta el derecho a la salud y la credibilidad de los ciudadanos en el sistema y en el Estado

Principales vinculados

-Consorcio Fidufosyga 2005

-Coomeva EPS 

-Cruz Blanca E.P.S.

-Famisanar E.P.S.

-Humana Vivir E.P.S

-Solsalud EPS

-Luisa Fernanda Bellini Pérez

Caso 4: Recolección de basuras en Bogotá

Entidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Monto estimado: $348.000 millones.

Génesis de caso

El proceso de estructuración de la Licitación Pública 01 de 2011, que debió adelantar la UAESP para los servicios de recolección, barrido y limpieza de la ciudad de Bogotá. El desarrollo de actividades que hacen parte de las obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de concesión. La contratación celebrada por la UAESP con recursos obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto aprobado y autorizado por la UAESP. El sistema de información integrado del Sistema de Información Integrado del Servicio de Aseo (SIISA).

Afectación social

Los bogotanos son los afectados, pues los recursos con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las tarifas que ellos mismos pagan por la recolección de residuos y se afirma que se destinaron a gastos no aprobados en el presupuesto de la entidad.

Principales vinculados

-Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano

-César Augusto Villamil Gómez

-José Róbinson Gómez Trejos

-Fabiola Ramos Bermúdez

-Victoria Eugenia Virviescas Calvete

-Tanny Liliana García Lizarazo

-Gerardo Enrique Cuenca Melo

-Miriam Margoth Martínez Díaz

-Juan Carlos Junca Salas

-Fiduciaria Bancolombia.

Caso 3: Caprecom

Entidades afectadas: Ministerio de Salud y de Protección Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).

Monto estimado: $559.500 millones

Génesis del caso

Presunta indebida financiación con proveedores, posible desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que no cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos.

Afectación social

Se investigan posibles deficiencias en la administración de los recursos de la salud. El manejo de dineros provenientes del propio aporte de los usuarios para contar con un servicio de salud digno, la debilidad y el escaso desarrollo de los sistemas de autocontrol y vigilancia de las EPS. Los afectados son los afiliados, los agentes prestadores de salud y el sistema mismo.

Principales vinculados

-Carlos Tadeo Giraldo Gómez, director general de Caprecom en el período 18/11/2002 a 19/09/2010.

-Mario Andrés Urán Martínez, director general de Caprecom en el período 20/09/2010 a 20/09/2011.

-Fernando González Rodríguez, subdirector financiero de Caprecom en el período 30/01/2003 a 31/01/2011.

-Rafael Leonardo Páez Fuentes, secretario general (E.) de Caprecom.

-Moisés David Hernández Sánchez, secretario general de Caprecom desde el 11/07/2011 hasta el 15/12/2011.

-Claudia Catalina Beltrán, subdirector EPS (E) de Caprecom.

-Bdo Audit S.A. revisor fiscal, representada legalmente por Luz Marina Pérez Serna

-Asesorías y Servicios en Salud – Asalud Ltda, representada legalmente por Pedro Fabián Forero.

-Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A., representada legalmente por Fabio Alberto Valencia Bustamante.

Caso 2: IPS no habilitadas

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $943.900 millones

Génesis del caso

Pagos a Instituciones Prestadoras de Salud que según los registros no aparecen como habilitadas.

Afectación social

Se afecta la red hospitalaria legalmente establecida, poniendo en riesgo su viabilidad financiera y, en consecuencia, la calidad de la prestación del servicio de salud a los usuarios.

Principales vinculados: Por determinar.

Caso 1: SaludCoop EPS

Entidad afectada: Ministerio de Salud

Monto estimado: $1,7 billones

Hecho generador

La supuesta utilización indebida y contraria a las normas de los recursos parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud para fines distintos a los permitidos en beneficio de particulares.

Afectación social

Los afectados son los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del régimen subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de servicios de salud. Se vulnera el derecho a la salud, elemento determinante de la vida.

Principales vinculados

-Carlos Gustavo Palacino Antía, expresidente SaludCoop

-María Carolina Lamus, exdirectivo SaludCoop EPS 

-Alberto Castro Cantillo, exdirectivo SaludCoop EPS

-Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, directivo SaludCoop EPS 

-Eugenio Mejía Serna, directivo Saludcoop EPS 

-Consultoría de Estrategias y Negocios S.A.

-Estudios e Inversiones Médicas S.A.

Alternativas contra la corrupción

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA CORRUPCIÓN

Las prácticas de corrupción no aparecen solamente en sectores públicos o institucionales: “Ha penetrado los principios éticos de las personas, las familias, las comunidades, instaurando una forma de ser y comportarse frente a otras personas y a lo público. Algunas personas reconocen que a veces se es corrupto sin saber, creyendo que se está actuando bien”. Así lo reconoce la veeduría en un informe publicado por el diario EL PAÍS.

Un factor común en las mesas locales es que los ciudadanos ven la corrupción como un problema que está en manos del Estado, “cuya respuesta ante este fenómeno al aplicar la justicia y legislar se da a favor de los corruptos y de los intereses particulares, por encima del bien común. Existe poca consciencia sobre cómo la ciudadanía es parte del problema. La corrupción se percibe con fuerza en el mundo de la institucionalidad pública, pero no en el mundo de los ‘ciudadanos de a pie’”.

Existe, además, inconformidad desde la ciudadanía con los órganos de control: “La Personería, la Contraloría, la Veeduría, nunca están, los controles no funcionan porque quienes tienen el mando no funcionan”, dice una de las personas que asistió a las mesas locales. Agrega otro participante que “a veces nos quedamos sin dientes para saber en qué va la sanción. Nuestros entes de control están coaptados políticamente, en ellos hay unos intereses políticos que no dan garantía de lo público”.

Hubo en ejercicio en las mesas locales en donde los ciudadanos entendieron que la corrupción es algo más cotidiano de lo que parece. El problema se manifiesta, según la Veeduría, en los siguientes casos: faltas en la convivencia (como el comportamiento de “el vivo vive del bobo” o el irrespeto permanente al otro); indiferencia frente a lo público (“se indigna ante la corrupción, pero cuando tiene la posibilidad de participar de algún beneficio de forma irregular, lo hace”); tráfico de influencias para el beneficio particular; evasión de impuestos, contrabando, especulación con los precios; detrimento del erario público (estafa, falsedad documental, fraude, soborno) y falta de transparencia electoral (manipulación de electores mediante compra de votos a cambio de beneficios con bienes o servicios”.

Las propuestas de la ciudadanía para cambiar el panorama actual van desde un cambio personal y familiar (“cambios orientados a recuperar valores y principios éticos”) hasta promover reformas normativas para establecer sanciones más severas contra los corruptos (como no aplicar casa por cárcel ni permitir reducción de penas por buen comportamiento). Un factor central, señala el estudio, es que los ciudadanos consideran necesario elecciones populares para elegir a los alcaldes locales. Es necesario, además, “ejercer control social, a través de veedurías proyectos o convenios. Acceder a la información pública, exigir control político e involucrar a la ciudadanía en las decisiones administrativas”.

 

Varios autores se han dedicado a estudiar este fenómeno en el comportamiento del humano en la sociedad y han propuesto numerosas estrategias para acabar con la corrupción, algunas de ellas son: 

  Asumiendo y fomentando la sensibilidad hacia la defraudación y la corrupción, tomado conciencia de los daños que ocasionan y de la importancia de eliminar estas prácticas, fomentando esta sensibilidad se promueve una educación para el desarrollo de líderes en la sociedad. Los partidos políticos suelen utilizar la corrupción como arma arrojadiza contra sus adversarios, pero la reacción pública contra la corrupción es todavía demasiado débil Fomentar la sensibilidad social pasa por afinar el sentido de responsabilidad por el dinero público, tanto en su recaudación como en su distribución. Responsabilidad que se extiende al deber moral de pagar impuestos y a la preocupación por el buen uso de los caudales recaudados.

  Promoviendo transparencia en las instituciones, sobre todo en los partidos políticos y las instituciones públicas. Cuando las cuentas son claras y comprensibles y se dan a conocer, el riesgo que hacer trapas o actuar con favoritismo disminuye, si más no, por el riesgo de que se descubra.

  Implementando medidas disuasorias de comportamientos corruptos. Junto a la transparencia, pueden contribuir a disuadir actuaciones corruptas leyes exigentes, códigos de conducta bien elaborados y que se hagan cumplir, y adecuados medios de vigilancia y control, incluyendo grabaciones conocidas por todos y aumentar la vigilancia y preocupación ciudadana sobre hecho que ocurren en la actualidad y diariamente. 

  Consiguinendo una mayor eficiencia en la administración de justicia y en la actuación de otros poderes públicos. No basta con tener leyes, sino que deben hacerse cumplir. La lucha contra la corrupción exige inspecciones bien programadas y una actuación decidida de inspecciones o de la fiscalía y aun creando potenciado fiscalías específicas, como ya se ha hecho en diversos lugares. La justicia, además de responder a su nombre, que es lo primero,  tiene que ser rápida y eficiente. 

  Eliminando estructuras o políticas que incentiven la corrupción. Es lo que ocurre con una mala regulación de la financiación de los partidos políticos, la cual puede incentivar alternativas irregulares de financiación. También con subvenciones poco claras o faltas de un control efectivo, que favorecen los sobornos.

  Aumentando el control social sobre las instituciones. Pueden hacerlo instituciones de con observatorios específicos, los medios de comunicación, o bien organismos específicos. Este control exige evitar conflicto de intereses, y en concreto que el controlador tenga intereses sobre quien lo controla.

  Educando en la honradez. Según una encuesta, el 42% de los jóvenes de 16 a 24 años justifica la evasión de impuestos y el fraude, si bien están en desacuerdo con los recortes sociales. La pregunta es, ¿se educa suficientemente en la honradez? ¿Qué medidas tomas las escuelas ante las copias en los exámenes y los plagios en los trabajos? ¿Cómo se presenta y ejemplifica el valor de la honradez?

  Transparencia y democracia electoral. Es necesario que los procesos electorales sean más transparentes y participativos y así aumentado la participación ciudadana y responsable.

  Marco jurídico e institucional para prevenir la corrupción. Hay otros cambios necesarios en el marco legal e institucional para prevenir y/o combatir de forma efectiva la corrupción. 

  Gran pacto nacional contra la corrupción. Ortega, uno de los autores dice que un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable y colectivamente. La lucha contra la corrupción dada su entidad y generalización, merece un gran pacto, un compromiso de tolerancia cero con la corrupción. Sería básico para que las medidas apuntadas arriba tuvieran el alcance y efectividad deseadas. Pero también para generar un clima que impida que los partidos se “enroquen” a la defensiva y por el contrario pasen a ser proactivos con la intolerancia hacia la corrupción.